Sr. Pérez (J.A.).- Señor presidente: en nombre del bloque del ARI informaré el dictamen de minoría que hemos presentado, que desecha en su totalidad la propuesta del oficialismo de modificar la ley de administración financiera.
Resulta claro que la sanción de la ley 24.156 tuvo como objetivo central sentar las bases del proceso presupuestario, que se inicia en el Ejecutivo ‑el poder que debe elaborar el plan económico‑, continúa en el Parlamento ‑el ámbito que la Constitución establece para fijar el presupuesto‑, y sigue en el Ejecutivo, antes en cabeza del presidente y ahora en el jefe de Gabinete de Ministros, como el funcionario que debe ejecutarlo.
También es claro que según el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional el Parlamento es el órgano que debe fijar el presupuesto. Esto es así porque el constituyente ha entendido que los recursos del pueblo deben ser fijados y asignados por sus representantes, y no “a grueso modo”, como afirma el señor diputado Snopek, sino con precisión.
El Legislativo es el encargado de esto porque de los tres poderes del Estado es el que indudablemente tiene mayor legitimidad democrática, pues en él están representados los distintos sectores políticos, sociales y geográficos. De acuerdo con el mandato constitucional, el Parlamento y no otro poder debe asignar los recursos públicos. En consecuencia, el Poder Ejecutivo, antes en cabeza del presidente y ahora del jefe de Gabinete de Ministros, debe ejecutar, o sea, cumplir con el mandato del Poder Legislativo sobre la asignación de los recursos públicos.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1a de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.
Sr. Pérez (A.).- Pero ahora surge algo que resulta increíble y que quizá por vergüenza el señor diputado Snopek no lo ha mencionado. El jefe de Gabinete de Ministros y el oficialismo vienen a decirnos que hasta ahora se ha interpretado mal la Constitución de 1994, y que en realidad, dentro de la facultad de administración de la Jefatura de Gabinete de Ministros está implícita la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias. Por eso han sostenido en el Senado de la Nación que la ley de administración financiera en vigencia es inconstitucional y no se adecua a la reforma de 1994. Vergonzoso. Es evidente que lo único que hizo la reforma de 1994 fue desagregar las funciones que antes estaban en cabeza del presidente, pasándolas a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Pero en ningún caso el constituyente quiso mitigar el poder del Parlamento.
Con liviandad y minimizando la cuestión, el miembro informante de la mayoría afirma que tratan de flexibilizar un poco el presupuesto. Claro que lo flexibilizan; en realidad, lo que están tratando es de que el jefe de Gabinete de Ministros maneje a discreción el presupuesto. ¿Qué otra cosa si no implica otorgarle la posibilidad de cambiar gastos corrientes por gastos de capital, gastos corrientes por obligaciones financieras y las finalidades de las partidas? Puede cambiar absolutamente todo el presupuesto.
El presupuesto debe ser un mandato constitucional y ahora lo convierten en una expresión de deseos que puede ser absolutamente vulnerada por un funcionario que tiene únicamente tareas administrativas. ¡Qué barbaridad! Todo lo que la Convención Constituyente quiso evitar lo están logrando con esta reforma al dejar en manos de una sola persona la asignación de todos los recursos públicos.
Con cierta liviandad se decía que se pueden cambiar gastos de defensa por servicios sociales; claro que se puede. Si quisieran cambiar gastos de educación para hacer obras públicas en Santa Cruz, ¿podrían hacerlo? Sí, podrían. Si quisieran sacar recursos a las provincias menos afines al proyecto del presidente para enviarlos a las jurisdicciones afines a dicho proyecto, ¿podrían hacerlo? Sí, podrían hacerlo con esta ley. Si quisieran tomar recursos de ciencia, tecnología y salud para mandarlos como subsidios a las empresas ferroviarias, como han hecho hasta ahora, ¿podrían hacerlo? Sí, podrían hacerlo. Podrían hacer esto y muchas cosas más, pero establecen un límite: no puede irse más allá del monto establecido en el presupuesto en materia de gastos y endeudamiento. Esto es algo realmente irrisorio.
Se olvidan de decir que por encima de ese monto el resto también es manejado por el presidente de la Nación y el jefe de Gabinete de Ministros; manejan todos los recursos del presupuesto como quieren, y los excedentes ‑que siempre han sido muchos desde que está este gobierno‑ los maneja el presidente vía decretos de necesidad y urgencia. Estamos hablando de 16 mil millones vía decretos de necesidad y urgencia en el año 2004 y 10 mil millones en 2005. ¿Cuál es el rol del Parlamento en todo esto? Ninguno, porque a través de la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia se convalida la decisión del presidente ante el silencio del Parlamento.
El presidente y el jefe de Gabinete manejan como quieren todos los recursos públicos. (Aplausos) Esto es lo que vienen a proponer con esta norma. No hay un solo convencional constituyente que haya dicho que al jefe de Gabinete se le atribuyan funciones del Parlamento nacional. El objetivo de la reforma constitucional de 1994 fue precisamente atenuar el presidencialismo; por eso se quitaron funciones administrativas al presidente y se las trasladaron al jefe de Gabinete. En ninguna cláusula de la Convención Constituyente se intentó mitigar el poder del Parlamento; muy por el contrario, el Parlamento tiene funciones de contralor y por eso el jefe de Gabinete debería concurrir a este recinto a rendir cuentas sobre la evolución de la gestión de gobierno.
Varios constitucionalistas ‑entre ellos, Quiroga Lavié y Paixao‑ han mencionado esta cláusula refiriéndose al inciso 1° del artículo 100 de la Constitución Nacional que establece: “Ejercer la administración general del país”. Al respecto, Quiroga Lavié decía: “Esta cláusula es la que le asigna al jefe de gabinete la jefatura de la administración general del país, como consecuencia de haberle retirado al presidente dicha potestad, que le estaba reconocida antes en el inciso 1° del artículo 86 de la Constitución Nacional”. Todoslos constituyentes dijeron lo mismo: le quitaron la facultad al presidente para dársela al jefe de Gabinete.
¿Tuvo el presidente de la Nación alguna vez en la Argentina facultad para reasignar partidas? No tuvo. ¿Tiene el Jefe de Gabinete por mandato constitucional facultad de reasignar partidas? No tiene. Además, este Parlamento ha reconocido que esto es así desde 1994 hasta la fecha: el único que puede reasignar partidas es el Parlamento porque todos los años en el presupuesto han pedido que deleguemos facultades al jefe de Gabinete para que pueda reasignar partidas. Ahora dicen que no, que son facultades propias del jefe de Gabinete. Esto es lo que sostienen los discursos de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández en el Senado de la Nación.
Todos los presupuestos decían: “Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado en la presente ley”, algunas con sujeción y otras sin sujeción, pero en todo caso se reconocía que era una delegación de facultades.
Estamos ante el atropello más grande porque, en realidad, es un robo de las atribuciones del Parlamento. Ahora nos dicen que se equivocaron durante todos estos años: no son facultades del Parlamento sino del jefe de Gabinete. Esto es lo que dijo Alberto Fernández.
Voy a dar lectura a una parte del discurso de la diputada Rosario Romero durante el debate del presupuesto 2005: “Del mismo modo que hoy hacemos esta delegación impropia, mañana, dentro de un mes, quince días o seis meses, la podemos revocar. Con toda tranquilidad este Congreso puede votar una delegación de facultades y explicar a la ciudadanía que se trata de una delegación absolutamente impropia, absolutamente controlada por el Congreso.” Antes era una delegación impropia. Ya no es más una delegación impropia. Ahora la interpretación es que se trata de una facultad del jefe de Gabinete de Ministros. Por eso el texto ya no dice “facúltese” sino “el jefe de Gabinete de Ministros puede”.
La senadora Fernández de Kirchner también se indignaba y horrorizaba ante la delegación de facultades. En 2000, cuando se trataba el presupuesto para el ejercicio 2001 había una cláusula -además de la cláusula madre, que siempre hacía esta megadelegación de facultades al jefe de Gabinete de Ministros para reestructurar partidas-, que habilitaba a reasignar partidas para pagar al concesionario Aeropuertos Argentina 2000. Ella decía: “Estamos ante el otorgamiento de una facultad a la Jefatura de Gabinete para que de acuerdo con su arbitrio...” –se indignaba- “...eventualmente reasigne partidas del presupuesto para pagar al concesionario Aeropuertos Argentina 2000.” A la senadora esta delegación antes le parecía mal, y ahora le delegan al jefe de Gabinete de Ministros la posibilidad de que haga lo que quiera con todos los recursos presupuestarios.
Yo lo vimos en la sesión pasada: hace algunos años la senadora se preocupaba por la República y por las facultades propias del Parlamento, y ahora sólo trabaja para consumar el unicato.
No me parece que esto sea lo peor, y lo digo sinceramente, porque entiendo que lo peor es lo que estamos haciendo hacia el futuro. Creo que es gravísimo. Me parece que esta facultad amplísima va en detrimento absoluto del esquema de división de poderes, y existe una voracidad insaciable de poder que se pone de manifiesto en este Parlamento sesión tras sesión. Pero tampoco quiero consentir que estas facultades han sido bien utilizadas hasta ahora porque, desde mi punto de vista, eso es mentira. Algunas discusiones tendríamos que haberlas dado aquí respecto de determinadas reasignaciones presupuestarias.
Voy a dar algunos ejemplos. En el año 2004 el jefe de Gabinete de Ministros decidió dar de baja 60 obras públicas por un monto de 440 millones de pesos. Mediante otra decisión administrativa decidió implementar 37 nuevas obras públicas por 284 millones de pesos. El 56,5 por ciento de este total estaba asignado a obras viales para la provincia de Santa Cruz. Claro: es fácil cuando esto lo decide una sola persona y el tema no pasa por el Parlamento.
En el año 2005 vino la decisión 482. No creo que el ministro Filmus haya estado de acuerdo con ella, pero se tomó. El documento de Filmus habla de la importancia de la creación de mayor cantidad de edificios y establecimientos educativos. Sin embargo, mediante la decisión 482 se disminuyó el gasto destinado a la construcción de escuelas por 16 millones de pesos –“más y mejores escuelas”‑ para otorgar más y mejores subsidios para Ferrocarriles Metropolitanos. Parece que no era más y mejores escuelas sino menos escuelas y más subsidios.
Luego vino la decisión 415 mediante la cual se afectaron las obligaciones del Tesoro, las que por ley complementaria del presupuesto, jurisdicción 91, no pueden ser afectadas. No obstante se hizo y se decidió incrementar en 85 millones de pesos los subsidios a TBA, Metrovías y Ferrovías. ¡Son tan buenos prestadores de servicios que era necesario incentivarlos con algunos subsidios más!
Luego, por decisión 561 se otorgaron 90 millones más, nuevamente para empresas ferroviarias.
Es decir que lo que el Parlamento previó para subsidios en 60 millones se incrementó, por decisión de Alberto Fernández, a 245 millones. ¿Está bien? Para mí no.
Por otro lado, en el año 2005 se incrementaron los ATN en 80 millones de pesos. Dicho así esto no significa mucho, por eso quiero explicarles cómo es la historia en la Argentina.
Los ATN son para atender situaciones financieras de emergencia económica de las provincias. Particularmente parece que las provincias se ven muy afectadas en los años electorales y mucho menos en los no electorales. En el año 2002 –año no electoral‑ los ATN fueron de 77 millones de pesos; en el año 2003 –año electoral‑, 251 millones de pesos; en el año 2004 –año no electoral‑, 56 millones de pesos, y en el año 2005 –año electoral‑, 160 millones de pesos.
Además, había que dar la madre de todas las batallas y como la provincia de Buenos Aires siempre recibía aproximadamente el 10 por ciento del total de ATN, en el año 2005 recibió el 30 por ciento. En el año 2002 esa provincia recibió 8 millones; en el año 2003, 15 millones; en el año 2004, 9 millones, y aquí viene el año 2005 –madre de todas las batallas‑, en que recibió 48 millones. A eso hay que agregar 60 millones de pesos en asistencia financiera, vía decisión ministerial del jefe de Gabinete número 503. Había que ayudarla, era la madre de todas las batallas.
Otro de los grandes beneficiarios fue el señor Hugo Moyano, por decisión administrativa 661, más conocida como “Ahí va la plata, Hugo. Firmado, Alberto”. (Risas.)
Mediante esa decisión se incrementaron 90 millones de pesos al REFOP, el fondo para el que Moyano siempre demanda incrementos por vía de decisiones administrativas. Después, al toque, vino la decisión 662, y se volvió a incrementar ese fondo en 50 millones de pesos. Así el REFOP, que nació en el año 2003 con 7 millones de pesos, se disparó en 2005 a 261 millones de pesos, es decir, tuvo un 3.400 por ciento de incremento, por decisión del jefe de Gabinete.
Algunos dirán que no fue solamente el jefe de Gabinete. Es cierto, hubo previamente un DNU del presidente de la Nación mediante el cual se modificó el reparto del SIT.
Podría seguir señalando las decisiones administrativas con las cuales estoy en desacuerdo, pero lo más grave es que hoy estamos otorgando esta facultad a perpetuidad, con el planteo de que estamos ante un funcionario virtuoso, que creo que no es así. Es el mismo planteo que se utilizó cuando Cavallo pedía superpoderes: mayor eficiencia, funcionario virtuoso, facultades delegadas, superpoderes. Hoy es lo mismo: mayor eficiencia, funcionario virtuoso, superpoderes para Alberto Fernández.
La consecuencia siempre fue la misma: no sólo la degradación de la República sino terribles efectos en términos económicos, sociales y políticos.
Nos dicen que nos queda la facultad de controlar. Gracias, por ahora nos queda la facultad de controlar.
También nos queda la facultad de dictar los códigos de fondo, contraer empréstitos, aprobar tratados, fijar el presupuesto, disponer la intervención de las provincias. Por ahora Alberto Fernández no reclama esas facultades; es probable que lo haga dentro de poco tiempo entendiendo que están implícitas dentro de las facultades de administración del país. Todo es posible.
La verdad es que si realmente quisieran que el Congreso controle habrían comenzado por cambiar la integración de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, tal como lo venimos reclamando año tras año porque lo último que hizo fue dar por aprobado, con un retraso de casi diez años, el presupuesto correspondiente al ejercicio 1997. Si realmente quisieran que el Poder Legislativo controle habrían reglamentado la ley 24.626, que establece la obligación de que el Poder Ejecutivo informe trimestralmente sobre la ejecución del presupuesto. Evidentemente, lo que no quieren es controlar.
Se ha dicho que esta norma tiene como objetivo atender cuestiones de emergencia. Este argumento debió ser retirado porque hay tantos instrumentos para atenderlas que era imposible sostenerlo. Las obligaciones del Tesoro están para atender emergencias; de la misma manera, el artículo 39 de la ley de administración financiera otorga facultades al jefe de Gabinete de Ministros para cuando existen aquellas situaciones. Por último, también para atender cuestiones de emergencia, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia.
En consecuencia, no me resigno a señalar que estamos ante una terrible delegación de facultades. Aun cuando no sea presentada como tal, está claro que la tarea de fijar, asignar y reasignar el presupuesto es una facultad exclusiva y excluyente de este Parlamento. Aunque lo nieguen, hoy se pretenden delegar facultades en el jefe de Gabinete de Ministros en abierta violación al artículo 76 de la Constitución Nacional, que establece que la delegación sólo puede producirse en situaciones de emergencia y sobre las bases que el Congreso fije.
Nada de eso existe en este caso. Lo único que existe es una atribución de poder desmedida y un otorgamiento de facultades extraordinarias al jefe de Gabinete de Ministros en clara violación al artículo 29 de la Constitución Nacional. Es evidente que estamos inmersos en un proceso de voracidad de poder del oficialismo cada vez mayor donde cuestiones excepcionales se convierten en regla. Los decretos de necesidad y urgencia, que deberían ser excepcionales, son la regla. Así se gobierna hoy en la Argentina: por decretos de necesidad y urgencia. De la misma manera la delegación de facultades en el jefe de Gabinete de Ministros, que debería ser un recurso excepcional para casos de emergencia, se convierte en una regla al ser presentada como una reglamentación de la facultad establecida en el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional.
El jefe de Gabinete de Ministros sostiene que estas previsiones constitucionales son obstáculos o formalismos burocráticos. Esas son las expresiones que utilizó cuando le preguntamos por qué no concurría al Congreso. Por supuesto que son obstáculos; justamente, la Constitución Nacional pone obstáculos para evitar la concentración y la voracidad de poder.
El doctor Alberto Fernández también dijo que no quería ser jefe de Gabinete de Ministros para estar un año escribiendo un libro de memorias sino que quería hacer lo que la Constitución manda. La verdad es que si el jefe de Gabinete de Ministros quisiera hacer lo que la Constitución manda debería comenzar por venir mensualmente al Parlamento para rendir su informe sobre el accionar del gobierno. Si quisiera hacer lo que la Constitución manda debería ejecutar el presupuesto tal como lo determina el Parlamento a través de la ley de presupuesto y no pedir estas facultades extraordinarias. Si quisiera hacer lo que la Constitución manda debería informar cuatrimestralmente sobre la evolución de los fondos fiduciarios, esa caja negra que nadie sabe cómo se ejecuta. Está claro que no quiere hacer lo que la Constitución manda sino violarla en forma sistemática, tal como lo está haciendo.
Quiero finalizar mi exposición con la misma frase que cité semanas atrás porque me parece que vale la pena. Decía la señora senadora Cristina Fernández de Kirchner: “No quiero dejar más mi vida, mi patrimonio y el resto de los argentinos en manos de un funcionario que decida sobre estas cosas porque ya sabemos cómo es la historia. No voy a colocar en manos de un funcionario los intereses que nosotros tenemos que representar.” Pienso igual que la senadora; lástima que ahora ella haya cambiado tanto de criterio.
Hace no mucho tiempo estuve en Santa Cruz, una provincia con algunas características particulares. En primer lugar –esto hay que decirlo-, los Kirchner ganan con comodidad; pero además de ello, la provincia tiene otras características que quiero destacar.
Por ejemplo, ya no existe justicia. Los individuos no tienen la posibilidad de presentarse ante una justicia independiente e imparcial para reivindicar sus derechos o poner freno al Poder Ejecutivo. Hay una justicia “K”, pero no justicia.
Tampoco hay una prensa libre que permita que la ciudadanía pueda ser informada objetivamente respecto de la acción de gobierno. No hay más prensa libre. Y tampoco hay más un Parlamento como corazón de la República, es decir, una institución que debe ser fuerte, aportar racionalidad, sensatez, pluralismo ideológico y publicidad. Hay un Parlamento al estilo “K”, pero no hay más Parlamento.
Pensé que semejante nivel de degradación institucional y democrática que se vivía en Santa Cruz jamás iba a poder trasladarse al plano nacional. Pensé que no iban a poder hacerlo. Tengo malas noticias para los argentinos, señora presidenta: ya lo hicieron. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Sr. Lozano.- Señora presidenta: en primer término, voy a fundar el dictamen de minoría que presenté planteando una reflexión general y algunas argumentaciones puntuales.
En cuanto a la primera, creo que llegamos a este debate con muchas cosas que ya fueron dichas y con posibilidades de consumar un nuevo fracaso en términos del aporte que pueda efectuarse a la construcción de un diseño institucional que nos permita resolver los problemas que tenemos. Digo “fracaso” porque la verdad es que la discusión que hemos tenido en estos tiempos ha evidenciado a nivel público, de manera taxativa y con muy honrosas excepciones, lo que fue el teorema planteado por el célebre filósofo radical Raúl Baglini.
Ese teorema decía que quienes ayer, desde la oposición, repudiaban planteos como el que hoy estamos teniendo, hoy, en el momento de ser oficialistas, los impulsan; y a la inversa, quienes oportunamente fueron oficialistas y los demandaron, cuando están en la oposición los cuestionan.
El hecho de evidenciar esta lógica como sistema institucional, indica que en realidad esto se encuentra en la base de una crisis institucional que difícilmente pueda ser resuelta por este camino. Y en rigor de verdad lo que no se acierta a demostrar es que la tan mentada mejora de la calidad institucional tiene que ver estrictamente con la discusión que debe mantenerse respecto de poder ser capaces y de disponer de mejores posibilidades a la hora de asignar los recursos públicos.
En otras palabras, no se trata de un debate abstracto ni de una discusión institucional lejana respecto de la vida diaria, sino que se vincula estrictamente con el devenir cotidiano de buena parte de nuestra sociedad.
Cuando hablamos de la calidad institucional nos estamos refiriendo a la posibilidad de dotar al sistema de la capacidad suficiente para identificar adecuadamente las prioridades que tiene la sociedad y de tener el poder necesario para encarar las transformaciones que deben ser llevadas a cabo para resolver esos problemas.
En mi caso particular y desde la organización de la que participo considero que este sistema institucional que se propone -y que en realidad tiende a concentrar en el Poder Ejecutivo facultades y funciones de manera superlativa- constituye un esquema institucional que se viene aplicando y profundizando desde 1985, es decir, a partir de la instauración del Plan Austral. Ha sido –y es bueno poner esto de manifiesto una y otra vez‑ el
dispositivo y el esquema institucional que ha permitido poner en marcha en la Argentina procesos brutales de concentración de poder económico y de profundización de niveles de desigualdad social nunca vistos.
Por ende, a partir de esta definición discrepamos con el planteo gubernamental, que bajo la excusa de ganar en eficiencia de gestión, nos propone perpetuar un diseño institucional que es absolutamente incapaz de resolver los problemas de la Argentina.
Por el contrario, se trata de un dispositivo institucional que viene como anillo al dedo al funcionamiento de una sociedad excluyente, como el que hoy presenta la Argentina.
Entendemos que sólo se pueden revertir las brutales condiciones de concentración económica y de desigualdad social si somos capaces de generar instituciones que permitan una mayor –no una menor‑ participación de la sociedad y de sus sectores populares a la hora de decidir.
La tarea de resolver los problemas que hemos heredado no es de una persona, sino una labor colectiva y de conjunto. Por eso creemos que la solución no está en deteriorar el sistema institucional existente, sino en fortalecerlo, como ocurrió al inicio de este gobierno, cuando se produjo el debate parlamentario sobre la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ese tipo de pasos estaban en la dirección correcta, pero ahora comienzan a involucionar con definiciones como las tomadas en relación con el Consejo de la Magistratura, los decretos de necesidad y urgencia y la iniciativa que estamos debatiendo.
Necesitamos estrategias que promuevan la participación, como el presupuesto participativo, los plebiscitos y consultas, los consejos económicos y sociales y una legislación que permita la organización de la comunidad en diferentes niveles, como sería el de los trabajadores. Estas son las responsabilidades institucionales que deben concretarse para garantizar una estrategia diferente en nuestro país.
El desafío de los estados nacionales que presentan institucionalidad parlamentaria y democrática en cuanto a afrontar los desafíos del mundo global ‑caracterizado por altos niveles de transnacionalización y concentración‑ consiste en resolver el desequilibrio derivado de que el poder económico vota todos los días, mientras que a la población se la llama para votar cada dos o cuatro años. Se trata de garantizar mayor participación de la sociedad a la hora de la decisión.
El miembro informante de la mayoría presentó valiosos aportes, pero también argumentos que son sumamente falaces. Se podrá señalar que existe un comportamiento económico favorable, que la macroeconomía funciona bien y que las tasas de desempleo y de pobreza disminuyen en relación con la época de crisis, pero estas afirmaciones resultan absolutamente falaces. ¿Quién puede dudar de que este es un momento de recuperación de la actividad económica? ¿Quién puede dudar de que cuando hay un momento de recuperación de la actividad económica el desempleo tiende a bajar y la pobreza tiende a disminuir? ¿Quién puede dudar de que cuando uno se recompone luego de una crisis y se compara con lo que le ocurría durante esta última, siempre llega a la conclusión de que está mejor?
Eso es una especie de obviedad que hasta carece de sentido poner en discusión. Lo que está en debate no es si estamos en un momento de ascenso del ciclo económico. Lo que está en debate es qué tipo de relaciones sociales estamos cristalizando para configurar la sociedad que hoy tenemos en la Argentina.
Aquí hay algunas cosas que hay que decir con claridad. La primera de ellas es que en realidad el ascenso de la actividad económica a las tasas que hoy tenemos no es fruto de este gobierno sino que es previo a esta gestión, pues comienza a mediados de 2002. El segundo aspecto que hay que considerar es que la condición de origen de esta recuperación de la actividad económica fue llevar al límite la desigualdad social por el modo en que se administró la salida de la convertibilidad.
Pero lo que en realidad terminó plasmándose en la práctica es una nueva pauta de reparto de los beneficios del “hoy crecimiento”, que no se modificó un ápice. Por eso cuando uno toma el total de los ingresos populares en la Argentina, contemplando a los desocupados que reciben planes, a los jubilados, a los trabajadores en blanco, a los trabajadores en negro, a los cuentapropistas y demás, y lo mide en relación con el producto bruto, observa que hoy representa apenas el 26 por ciento del total de la riqueza generada, cuando en el año 2001, antes de la crisis, representaba el 32 por ciento del total de la riqueza generada. Es decir que a tres años de crecimiento de las denominadas tasas chinas la distribución es 6 puntos inferior a la que se tenía en aquel momento.
Por eso lo que se está plasmando, más allá de que hay una recomposición con respecto a la crisis, es una sociedad más desigual. Y mi preocupación central en este debate es que el formato institucional que se está planteando con la aprobación de los DNU y con esta discusión es un formato institucional que no sirve para resolver este problema, porque es funcional a la existencia de este problema.
Digo esto porque yo también creo –y lo he dicho- que la República no muere por esto que se está haciendo aquí, sino que muere por otras cosas. Diría que más bien agoniza, desde hace tiempo, por los 14 millones de pobres que supo construir y por los 7,5 millones de pibes que hoy están en situación de pobreza. Estas son las cosas que hoy cuestionan la República en nuestro país.
Desde este lugar, pensando que ello se resuelve con más democracia y no con menos y profundizando la participación en la decisión y no restringiéndola, es que estoy en desacuerdo con lo que se está planteando aquí y con lo que se planteó hace dos semanas.
Esta es la reflexión general, el punto de partida, y en este marco hay otras varias cosas puntuales. La primera de ellas ‑que desarrolló muy bien el señor diputado Adrián Pérez‑ tiene que ver con el hecho concreto del nivel de inconstitucionalidad que tiene esto. En realidad, dije todo lo que dije antes porque si hubiera que modificar la Constitución para ganar en participación, sería un debate interesante para dar, pero lo cierto es que “la estamos haciendo bolsa” en función de restringir los procesos de participación en la Argentina. Y en este sentido está claro para la Constitución Nacional que quien fija el presupuesto es el Parlamento, quien define el destino de los recursos es el Parlamento, que el Poder Ejecutivo tiene que ejecutar y administrar lo que es fijado
y que ciertamente este Parlamento tiene prohibido delegar facultades y mucho menos puede hacerlo como se plantea en esta norma, de manera permanente, sin objetivo ni plazo alguno.
La verdad es que el argumento oficial ‑que no van a hacer un uso abusivo de esto‑ es algo tonto, porque acá no estamos para legislar sobre este gobierno. Se supone que estamos para legislar sobre el diseño institucional después de este gobierno. No está en discusión lo que han hecho o dejen de hacer otros ni la opinión que sobre este punto pueda tener cada uno de nosotros.
La verdad es que ‑aún considerando ese argumento‑ al tomar el año 2005 uno puede observar el gasto total que se termina ejecutando versus el gasto original. En realidad el Poder Ejecutivo gastó 15.399 millones de pesos más que lo que había presupuestado, pero de este monto solamente 4.600 millones de pesos fueron modificados por el señor Alberto Fernández a través de veintiocho decisiones administrativas en función de lo que se dio en llamar los superpoderes. Los otros 10.789 millones de pesos se agregaron en función de los decretos de necesidad y urgencia.
Al escuchar que efectivamente el uso de esta facultad es menor con respecto a otros manejos discrecionales de los recursos públicos y al observar la experiencia del año 2005 surgen tres cuestiones muy concretas. La primera es que la mayor parte de los recursos que se administran sin control parlamentario tiene que ver con el uso de los excedentes de recaudación por vía de decretos de necesidad y urgencia; la segunda, que lo que estamos discutiendo hoy tiene relación con lo que debatimos hace dos semanas ‑va todo junto: no son dos discusiones separadas‑; y la tercera es que esto nos muestra con absoluta claridad que lo que dice el artículo 37 –que establece que queda en el Congreso la facultad de fijar el monto total del presupuesto‑, cuya modificación se propone, es una mentira absoluta, y casualmente lo demuestra la experiencia concreta de los últimos tres años. En el año 2004 hubo 13.100 millones de pesos por encima de lo presupuestado; en 2005 hubo recursos por encima de lo pautado por 10.778 millones de pesos, y en 2006 hay disponibles para final de año 9.000 millones de pesos adicionales respecto de lo presupuestado. Acá vienen las argumentaciones que usó en su momento Lavagna y que ahora utilizan también, a pesar de las diferencias políticas, algunos de los que defienden los argumentos oficiales, como puede ser el caso del senador Capitanich. Nos dicen que esto es porque hacen estimaciones prudentes. ¡Bienvenidas sean las estimaciones prudentes! Pero a esta altura del año ya sabemos que tenemos 6.000 millones de pesos más y cómo vamos a terminar, y tendríamos que recibir la ampliación del presupuesto para discutir cuál es el destino de los recursos. Aquí no hay un problema de prudencia sino un problema de manejo de caja sin discusión alguna en función de un debate mínimamente democrático.
En realidad al Parlamento le queda –como se ha dicho en alguna de las discusiones‑ el control, y la verdad es que yo quisiera preguntarnos dónde queda ese control si en los últimos tres años hubo 34 mil millones de pesos que no pasaron por nuestra posibilidad de discusión. Estamos hablando de una cifra que representa aproximadamente el 40 por ciento de la administración nacional; no es una cifra menor.
Cuando el 3 de mayo le pregunté aquí al señor jefe de Gabinete –y traslado la pregunta a la señora presidenta, así como también al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda‑ sobre los contenidos de los decretos de necesidad y urgencia números 1.673 y 1.748, del 27 y 29 de diciembre de 2005, respectivamente, por los que se compromete deuda pública por 7.000 millones de pesos, dijo que en cinco días iba a responder; sin embargo, llevamos casi tres meses sin ningún tipo de contestación en relación con el contenido de tales decretos.
En realidad, creo conveniente volver al tema central que planteé al comienzo de mi exposición. El fracaso en la tarea de discutir este tema como corresponde, vinculándolo con la calidad institucional y la mejora en la asignación de los recursos públicos –fracaso que es la consecuencia de la vigencia del teorema que en su momento formulara el célebre filósofo radical Raúl Baglini‑, genera que este Parlamento no pueda siquiera frenar el presente disparate; y no podemos hacerlo porque no hemos construido ni consenso social ni legitimidad en esta institución para que exista respaldo a fin de obturar esta decisión.
Hoy no podríamos decir que existe la convicción social de que si el Parlamento discute es posible mejorar la asignación de los recursos. Este es el punto que define la envergadura de la crisis institucional. El gobierno, con el nivel de legitimidad que ha logrado, en vez de pretender resolver mediante el fortalecimiento de las instituciones resuelve por la vía de terminar de desmoronarlas. En todo caso, ésta es la clase de problemas sobre la que debemos debatir; y la única manera de resolver este punto consiste en ser capaces de dar un debate serio sobre el compromiso público que el Parlamento y el Poder Ejecutivo podríamos tomar respecto de la asignación de los recursos concretos de los que disponemos.
Todos sabemos que este año hay nueve mil millones de pesos en relación con los cuales el Parlamento no ha discutido; entonces, podríamos trasformar esta sesión en un debate sobre el destino que deberían tener tales recursos públicos, o seguir con lo que se viene haciendo, es decir, que esta caja de recursos monstruosa en cuantía sea utilizada dominantemente para el pago de deuda pública por encima de lo necesario, en una estrategia de desendeudamiento, en vez de atender otras prioridades.
Además de aquellos decretos que cuestionara el señor diputado Adrián Pérez hay decretos muy importantes como los mencionados por el señor diputado Snopek, en los que debemos buscar la trampita, porque las iniciativas presupuestarias han venido con dos criterios: por un lado, nos dicen que van a recaudar 100 pero en realidad recaudan 150, y por el otro, nos dicen que van a gastar 120 pero en realidad gastan 80. Subestiman recaudación y abultan gastos. Cuando a raíz de un decreto de necesidad y urgencia nos dijeron que iban a destinar 1.000 millones de pesos para los jubilados, la partida correspondiente tenía un excedente de 3.000 millones de pesos. Consecuentemente, esos 3.000 millones de pesos que quedaban en la partida de los jubilados –no se había previsto aumento alguno‑, fueron destinados al pago de deuda pública. El decreto, con su título, disfraza el verdadero objetivo que termina teniendo la asignación de los recursos.
A fines del año 2005 había casi 11.000 millones de pesos de mayor recaudación y 11.736 millones de pesos por compromisos de deuda pagos, por encima de lo que había sido presupuestado. El grueso del destino de los recursos es el pago de la deuda pública. Hoy podríamos tomar el compromiso de discutir si efectivamente esos 9.000 millones de pesos que hoy están, en vez de tener por destino ese objetivo atienden la situación de los siete millones y medio de pibes que están en la pobreza, lo cual configura un verdadero crimen que la Argentina está en condiciones de resolver.
En esa dirección presento un dictamen de minoría que, mediante la modificación del artículo 37 de la ley de administración financiera, habilita a establecer de manera taxativa que cuando exista excedente en la recaudación debe enviarse al Congreso un proyecto sobre la ampliación del presupuesto a efectos de discutir el destino que habrán de tener los recursos públicos. (Aplausos.)
